Vivimos en un país de libertades y derechos civiles, dicen. Respiramos como si España fuera territorio de avances sociales consolidados. Ay..., pobres de nosotros...
La realidad que no vemos o no queremos ver es que a las personas con diversidad funcional (discapacidad) se nos discrimina.
Casos concretos. Una PDDF (Persona Discriminada por su Diversidad Funcional) no puede formar parte de un jurado popular, de acuerdo con la ley aún vigente, elaborada en 1995. Muy a menudo tampoco puede estudiar en un centro ordinario (no especial), junto a compañeros sin diversidad funcional. Más veces de las deseables una PDDF está destinada a vivir en una residencia, es decir, en un gueto, separada de la sociedad y sin capacidad para decidir sobre su propia vida. De acuerdo con el Código Penal, no se puede esterilizar forzosamente a nadie, salvo si se trata de una persona con diversidad funcional incapacitada por un juez. Hay muchos más lugares y edificios a los que no puede acceder una persona con diversidad funcional que lugares y edificios a los que sí. Cuando una PDDF come fuera de casa, lo raro es que pueda utilizar el aseo in-adaptado del restaurante en cuestión.
Discriminación al canto, ni más ni menos. No a miles de kilómetros, sino en nuestra propia casa. ¿Tan difícil es tener en cuenta que todos somos iguales, pero diferentes?
La Marcha por la Visibilidad de las Personas con Diversidad Funcional denuncia esta discriminación. (Plaza Jacinto Benavente, Madrid, 10 septiembre, 18 h.)
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